En el dinámico mundo de las energías renovables, los gobiernos muestran grandes ambiciones para luchar contra el cambio climático y liderar la transición energética mediante promesas de neutralidad de carbono para las próximas décadas. Estos programas se traducen en objetivos en lo que respecta a la participación de las FER en la combinación de capacidades energéticas nacionales y el consumo final que se desea alcanzar. Por tanto, para fijar el rumbo de la estrategia nacional de FER, las autoridades públicas definen una planificación por etapas del desarrollo de nuevas capacidades de FER o la actualización de las existentes.
En el mercado de las energías renovables, las autoridades públicas desempeñan un papel importante como reguladores energéticos, lo que permite a las tecnologías para la explotación de fuentes de energías renovables competir con las tecnologías fósiles y nucleares tradicionales. Dado que son tecnologías recientes y están respaldadas por estrategias energéticas nacionales, el desarrollo de capacidad en materia de FER ha sido y sigue siendo subvencionado por los gobiernos. El éxito de las energías renovables es inseparable de las políticas de subvención pública y sistemas de remuneración, como las tarifas reguladas y los mecanismos de primas reguladas.
Al observar la considerable disminución de los costes de las tecnologías para la explotación de fuentes de energía renovables (por ejemplo, el coste normalizado de la energía (LCOE)) durante la última década, los gobiernos tienden a recurrir más a instrumentos de apoyo basados en el mercado para reducir las subvenciones financiadas con fondos públicos y dejar que el mercado y la competencia decidan los precios de las FER y los ingresos asociados. De este modo, los gobiernos con experiencia en otros campos de infraestructuras, como las telecomunicaciones, implementan cada vez más procedimientos licitatorios o subastas competitivas para ofrecer un volumen predeterminado de FER cuyos precios se determinan a partir de las licitaciones más competitivas presentadas por los participantes o licitadores de las subastas. Las subastas de FER no excluyen necesariamente las políticas públicas de apoyo, ya que las licitaciones ganadoras determinan el nivel de los precios que suelen asociarse a un plan de remuneración, como una prima regulada.