El Presidente de Argentina ha declarado la ""emergencia"" en los sectores de transporte y distribución de electricidad y gas, alegando una creciente obsolescencia de los activos de transporte y distribución, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura, y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación. Un nuevo decreto establece un marco para la revisión de las tarifas energéticas, en un intento de garantizar las inversiones en el sector energético, e incluye la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1 de enero de 2024 (el ENRE y el ENARGAS podrán aprobar aumentos transitorios de tarifas y ajustes periódicos de precios).
Argentina tiene uno de los precios de la electricidad más bajos de América Latina gracias a las subvenciones y a la congelación de las tarifas desde hace aproximadamente una década. Es unas 5 veces más barata que en Brasil y Chile para la industria y unas 6 veces más barata para los hogares. En los sectores de la electricidad y el gas, los precios aplicados por las empresas privadas se fijan en los contratos de concesión. Según estimaciones privadas, las subvenciones a la energía y el transporte costarán 12.000 millones de dólares al presupuesto del Estado en 2022, manteniendo las facturas de gas y electricidad por debajo del 15% de los costes y disuadiendo las inversiones en las redes. El anunciado aumento del precio de la energía puede llevar la inflación en Argentina a cerca del 200%.
Este decreto sobre el sector de la energía forma parte de una serie de medidas desveladas por el nuevo Presidente, entre ellas la supresión de la Ley de Control de Precios y de las normas que impiden la privatización de empresas públicas (derogación del Régimen de Sociedades Estatales). Todas las empresas estatales deberían transformarse en sociedades anónimas, para su posterior privatización. Esto afectaría a la empresa nacional de petróleo y gas YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 51% de propiedad estatal), que controla casi el 40% de la producción de crudo (2021). En 2012, el Gobierno se hizo con el control de la participación del 51% que el grupo energético español Repsol poseía en YPF debido a la falta de inversiones y a la disminución de la producción de hidrocarburos por parte de YPF. En 2014, Repsol aprobó un acuerdo de 5.000 millones de dólares como compensación por su participación del 51% y vendió su participación restante del 12% a Morgan Stanley por aproximadamente 1.300 millones de dólares.
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