Grecia propone exigir que los nuevos centros de datos cubran al menos el 60% de su consumo eléctrico anual con energías renovables. La medida forma parte de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Energía el 10 de octubre de 2026. El texto también contempla garantías financieras de 200.000 euros por MW de capacidad prevista, la obligación de asumir los costes de conexión a la red eléctrica y criterios más estrictos para acceder a la capacidad disponible. El proyecto está sometido a consulta pública hasta el 24 de octubre de 2026.
Fuente oficial: Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Grecia.
¿Qué cambios propone Grecia para los nuevos centros de datos?
El proyecto de ley pretende mejorar la planificación de las infraestructuras digitales de alto consumo eléctrico y garantizar una gestión más transparente de la capacidad de conexión a la red. Para ello, plantea nuevas obligaciones relacionadas con las energías renovables, la financiación de las infraestructuras eléctricas y la madurez de las inversiones.
1. Un mínimo del 60% de electricidad renovable
Los nuevos centros de datos tendrían que cubrir al menos el 60% de su consumo eléctrico anual mediante fuentes de energía renovable. Este requisito podría influir en las decisiones de compra de electricidad, la contratación de energía limpia y la planificación energética de los operadores que estudian desarrollar instalaciones en Grecia.
La aplicación concreta de esta obligación dependerá del texto legislativo definitivo y de las posibles disposiciones regulatorias sobre acreditación y cumplimiento.
2. Los inversores asumirían los costes de conexión eléctrica
El proyecto establece que los inversores asumirían íntegramente los costes de conexión de sus instalaciones a la red y las obras de refuerzo del sistema eléctrico que resulten directamente necesarias por la conexión de cada centro de datos.
Esta medida busca vincular los costes de las nuevas infraestructuras a los proyectos que generan esa necesidad. Para los promotores, evaluar la disponibilidad de capacidad eléctrica y los costes de conexión será una parte fundamental de la planificación financiera y de la selección de emplazamientos.
3. Garantías financieras de 200.000 euros por MW
La propuesta introduce una garantía de 200.000 euros por MW de capacidad prevista. El objetivo es limitar las solicitudes especulativas de proyectos que todavía no cuentan con suficiente madurez financiera o inversora, pero que pretenden reservar capacidad de conexión a la red.
Además, se aplicarían criterios más estrictos de preparación financiera, inversora y medioambiental antes de conceder una oferta definitiva de conexión.
¿Por qué Grecia propone nuevas reglas para los centros de datos?
El cambio regulatorio llega en un contexto de fuerte crecimiento del interés inversor en el sector. Según los datos citados por Enerdata a partir de información de Balkan Green Energy News, las solicitudes presentadas al Operador Independiente de Transmisión Eléctrica de Grecia (IPTO o ADMIE) aumentaron de 5 GW a 9 GW en apenas dos meses durante el verano.
Este incremento se refiere a la capacidad solicitada y no significa que todos los proyectos hayan sido aprobados o vayan a construirse. Sin embargo, muestra la importancia de gestionar la capacidad de la red y de distinguir entre las propuestas preliminares y las inversiones que cuentan con condiciones suficientes para avanzar.
El Gobierno griego pretende vincular el acceso a la infraestructura eléctrica con compromisos de energía renovable, solvencia financiera y preparación efectiva de los proyectos.
Transparencia sobre la capacidad de conexión a la red
El proyecto de ley también contempla que los operadores de las redes de distribución y transporte publiquen información sobre la capacidad de conexión disponible por región cada tres meses.
La publicación periódica de estos datos podría facilitar la comparación de emplazamientos y ayudar a los inversores a identificar zonas con mejores condiciones para desarrollar nuevas instalaciones. No obstante, disponer de capacidad publicada no garantizaría automáticamente una conexión, ya que los proyectos seguirían sujetos a los requisitos técnicos y regulatorios correspondientes.
Grecia propone un fondo de 2.300 millones de euros para descarbonizar las islas
El proyecto legislativo incluye asimismo la propuesta de crear un Fondo de Descarbonización de las Islas dotado con 2.300 millones de euros. Su objetivo sería financiar iniciativas destinadas a reducir la dependencia de las islas griegas de la generación eléctrica mediante petróleo.
Entre las inversiones previstas figuran instalaciones de energías renovables y almacenamiento energético, además de otras actuaciones elegibles. Esta iniciativa forma parte de una estrategia energética más amplia y no constituye un fondo destinado específicamente a los centros de datos.
Próximos pasos y fecha límite de la consulta pública
El Ministerio de Medio Ambiente y Energía abrió la consulta pública el 10 de octubre de 2026 y ha fijado el 24 de octubre de 2026 como fecha prevista para su finalización.
Por tanto, las medidas todavía no deben presentarse como obligaciones legales definitivamente aprobadas. Su contenido puede modificarse durante la tramitación legislativa, y algunos detalles podrían depender de futuras decisiones regulatorias.
Los principales aspectos que deberán seguir los operadores e inversores son la versión definitiva del proyecto, su aprobación parlamentaria y las disposiciones que determinen cómo se aplicarán los requisitos de energía renovable, garantías financieras y conexión a la red.
Conclusión
Grecia propone un nuevo marco regulatorio para los centros de datos que combina un mínimo del 60% de electricidad renovable, garantías financieras de 200.000 euros por MW y la obligación de asumir los costes de conexión y refuerzo de la red atribuibles a cada proyecto. La iniciativa responde al aumento de las solicitudes de capacidad eléctrica y busca mejorar la planificación de las inversiones energéticamente intensivas.
La consulta pública está prevista hasta el 24 de octubre de 2026. Hasta que concluya la tramitación legislativa, los requisitos deben describirse como propuestas y no como obligaciones legales ya vigentes.
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